En 1966, uno de cada tres habitantes de nuestro planeta vivía en situación de pobreza, siendo la causa principal la migración campo-ciudad y la ocupación informal denominada barriada. Esto obligó a que los gobiernos de América Latina tomaran conciencia acerca de la necesidad de una solución inmediata a este problema. Enrique Peñaloza (1976), en su conferencia en Lima en 1975, explicó lo siguiente:

“En ese momento eran testigos de la migración más espectacular de la historia de la humanidad desde áreas rurales, principalmente con la esperanza de encontrar trabajo en la industria; lo que está causando la explosión urbana cuyas consecuencias finales son todavía completamente impredecibles”(s.p).

En este contexto, se creó el PNUD en 1966 y uno de sus primeros proyectos fue PREVI (Figura 1). Logró convertirse en la respuesta colectiva de vivienda social más importante del siglo pasado. Fue la primera vez que se trabajó seriamente para intentar solucionar el problema de vivienda en Latinoamérica, y tuvo como objetivo en su segunda fase buscar el desarrollo de una nueva tecnología (mejorada de diseño y construcción). No obstante, esta quedó en el olvido y no trascendió a favor de los pobres.

Han pasado casi cincuenta años y el problema de la vivienda se agudiza cada día más, las barriadas que algún momento fueron identificados como solución al problema por desarrollar lazos sociales muy fuertes de comunidad y como indica Jhon Turner (1976) por generar refugio, seguridad y localización (s. p), se han convertido en asentamientos caóticos y clandestinos en los bordes o en lugares intersticiales que carecen de servicios urbanos y donde el 75% son viviendas inadecuadas no sólo por su configuración sino por ubicarse en lugares no habitables. Tal lo expresa Fernando Savater (Facho, 2016): “Ninguna persona puede participar de la vida ciudadana si no cuenta con una base de servicios urbanos” (p.30).

Esto no solo debería estar enmarcado en servicios básicos sino también en espacios públicos y equipamiento, a través de un nuevo reglamento habilitaciones urbanas que pueda generar una base para el desarrollo del asentamiento y una factibilidad al acceso de servicios, como indica Facho (2016) en Ciudades para el Bicentenario:

“Lograrlo exige desterrar prácticas especulativas y mafiosas, que promueven la invasión de suelos eriazos, aprovechándose de los más carenciados, así como cuestionar aquellos desarrollos inmobiliarios y programas de vivienda que se construyen en zonas alejadas de los centros urbanos, sin antes haber analizado, de forma integral, la factibilidad económica del acceso a los servicios antes explicados”.  (Facho, 2016) 

Esta falta de análisis integral lo subraya Fernando Galiano (2008): “generar una ciudad dispersa que consume grandes cantidades de suelo, agua y energía, tanto en su construcción como en el mantenimiento de sus edificios y redes de transporte; una ciudad, por lo tanto, que contribuye al calentamiento global desmesurada.” (p.25).

Por lo tanto, los asentamientos informales, al generar una ciudad dispersa (figura 2), establecen nuevos ejes de expansión urbana que generalmente están dominados por la actividad económica informal: botaderos, reciclaje, chatarreras, ladrilleras informales, chancherías, comercio informal, etc. Además, transformación del territorio como por ejemplo canteras extintas a tajo abierto, minería informal, rellenos sanitarios, etc. Estos generalmente se ubican en la periferia por ser actividades contaminantes y clandestinas, encontrándose al margen de la ley.

Si a todo esto se le suma la falta de control del territorio y al paternalismo del Estado por ser formalizador de invasiones, se establece un círculo vicioso que sería el salvoconducto de esta cadena informal que acrecienta cada día nuestras ciudades. Y, ¿dónde está la ciudad?, o es acaso una utopía, que tampoco importa, como lo indica Bernardo Secchi (2006), en Primera lección de Urbanismo: «generalmente se busca resaltar que la ciudad es cada vez más el lugar de la diferencia, acumulación de minorías culturales, religiosas, lingüísticas, étnicas, de niveles de ingresos, de estilos de vida, de arquitectura y de saberes que tienden a recluirse, a través de complicados procesos de exclusión/inclusión dentro de sus propias “aldeas”, enclaves o “fortalezas”. (p. 80).

Este es el caso de Lima y sus bordes que al atravesar por un crecimiento informal donde el 70% de las viviendas fueron producidas por autoconstrucción. Esto ha generado que, como lo indica Willey Ludeña (El Comercio, 2016): “las barriadas son una especie de costra precaria, un infierno urbano que algún día tendrá que ser reemplazado por nuevas ciudades dotadas con servicios y espacios públicos” (p.1). Esta condición está superpuesta por la condición de lugar, que logra emplazar a familias en territorios que no tienen las condiciones mínimas de habitabilidad generando exclusión social y concentraciones de pobreza. Este es el caso de los vacíos de las canteras extintas de Pachacamac (Manchay) y La Molina.